LEY INRA: Traducción en aimara

I. SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA II. MARCO INSTITUCIONAL III. PROPIEDAD AGRARIA Y DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS IV. URAQINAKA APAQAÑA KUTIKIPSTAYAÑA V. PROPIEDAD AGRARIA Q'UMACHAÑA VI. PROCEDIMIENTOS AGRARIOS.

Bolivia es uno de los países de mayoría indígena y originaria. Más de dos tercios de la población nacional aún continuamos marginados de las decisiones políticas y de los beneficios del desarrollo nacional. La superación de la exclusión social debe motivarnos a asumir las responsabilidades de la conducción nacional como herederos de la lucha anticolonial y democratizadora encabezada por Tupaj Katari y Bartolina Sisa. Ese fue el sentido de nuestra presencia en la Vicepresidencia de la República. Entre 1993 y 1997 se promulgaron disposiciones legales como la Ley de participación popular que reconoció la personalidad jurídica de las organizaciones de base, urbanas y rurales, al igual que las autoridades originarias, sus jurisdicciones y competencias. El gobierno local fue fortalecido con la entrega de recursos según el criterio de población y la decisión local sobre las necesidades, prioridades y ejecución de obras. La Ley de reforma educativa inició la educación intercultural y bilingüe como una política pública para una mayor competencia lingüística y comunicativa. La Ley forestal entregó la prioridad de la explotación forestal de los territorios indígenas a sus pobladores. Otras disposiciones fueron los seguros materno infantil y de la vejez. La reforma agraria de 1953 empeoró el minifundio y la productividad agraria. A pesar de que las mejores tierras quedaron para los exlatifundistas y las peores, para los excolonos, las consecuencias de las herencias y el crecimiento demográfico provocaron una acelerada migración a las ciudades. Estos factores junto al tradicional desconocimiento de la territorialidad indígena motivaron, en 1996, la elaboración de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Esta Ley provee seguridad jurídica a la propiedad agraria. La figura de Tierra Comunitaria de Origen consolida el derecho territorial de los pueblos indígenas. El impuesto del cual están exentos los pequeños propietarios, comunidades y pueblos indígenas se orienta a frenar el acaparamiento de tierras y fortalecer los ingresos municipales. Además se logró mantener la dotación gratuita a solicitudes colectivas o comunitarias. Es insuficiente anclarnos en la angustia de los quinientos años, trabajemos para construir la historia de los siguientes quinientos años. Tal el sentido de esta Ley.

Dirigido a lectores interesados: jóvenes, profesionales, investigadores, estudiantes, docentes.